Los verdes de Villena

IHERMAS La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante considera que existen "indicios de actividad delictiva imputables" a la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, a los dos concejales de Urbanismo, Jesús Martínez y María José Hernández, y a un tío carnal de la propia alcaldesa, por lo que han remitido las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Villena, que tendrá ahora que depurar las posibles responsabilidades. Los supuestos delitos serían el de prevaricación en el caso de los políticos y de tráfico de influencias en el caso del familiar.
La denuncia, interpuesta por los cinco ediles populares que abandonaron las filas del PP hace seis meses, se basa en que un tío de Lledó solicitó una licencia de segregación y posterior agrupación de varias parcelas al Ayuntamiento. Esta cuestión se debatió en junta de gobierno en marzo de 2008, sin la presencia de la alcaldesa. Los terrenos afectados tenían la consideración de suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable de protección especial y de interés agrológico.
Según la Fiscalía, en el transfondo de este asunto está el hecho de que la alcaldesa había firmado un convenio para el desarrollo de la plataforma logística y del parque empresarial, además de la estación del Ave, lo que supondría una recalificación del suelo y que su ubicación estaría en los mismos terrenos del tío de la alcaldesa. El grupo municipal de Los Verdes ya consideró en su momento que esta actuación era irregular por lo que presentaron un recurso que fue rechazado, votando Lledó a favor del otorgamiento de la licencia. Después, en el año 2009, ante el cariz que estaba tomando esta cuestión se terminó estimando el recurso de reposición interpuesto por los Verdes, pero la segregación ya se había realizado y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Villena. Para la fiscal, existen en principio, hechos presuntamente delictivos, haciendo referencia a un delito de tráfico de influencias, tipificado en el código penal, por parte del tío de la alcaldesa en connivencia con la propia Lledó y los dos concejales de Urbanismo, ya que, según la Fiscalía, "el tío de la alcaldesa disponía de información privilegiada" lo que justificaría la entrega que realizó de 10.000 euros como anticipo de compra de los terrenos cuya segregación todavía no estaba aprobada.
La Fiscalía decidió remitir la actuación al Juzgado de Instrucción de Villena para que depure las posibles responsabilidades penales y recuerda que "el acuerdo fue tomado en contra de tres dictámenes de peritos que estimaban que no era procedente otorgar la licencia, atendiendo a la calificación del suelo".

Noticia -salvo titular- e imagen del diario INFORMACIÓN.